El Ministerio de Educación de Chile ha emitido un decreto que modifica la regulación de la enseñanza religiosa, generando críticas por parte de la Iglesia católica y otras confesiones, que argumentan que el decreto afecta la libertad religiosa y la autonomía de las confesiones para determinar la idoneidad de los profesores de religión, al permitir la intervención estatal en decisiones internas.