Con el nombramiento de un administrador único para el Fondo de Pensiones del Vaticano, en la persona del Cardenal Kevin J. Farrell, el Papa Francisco continúa su camino hacia la reforma de las finanzas del Vaticano. Es un camino que hoy vive un relevo generacional y que, en cualquier caso, ha implicado a todos los órganos financieros vaticanos, creando una nueva estructura que ahora está llamada a dar sus frutos.
En 2014, cuando el cardenal George Pell explicó la gran reforma de la economía del Vaticano en una concurrida conferencia de prensa, enunció algunos principios fundamentales.
Principios para una reforma
El primero: el Vaticano no estaba en quiebra, más bien era necesario racionalizar los recursos, tal vez centralizarlos (era la época en que se hablaba del «Vatican Asset Management») para permitir que todos ganaran más y mejor.
Segundo: era necesaria una reforma de las pensiones, pero no porque el Fondo de Pensiones estuviera endeudado, sino porque enfrentaba los problemas estructurales de todos los estados del mundo, es decir, que habría más pensionados y por más tiempo, por lo que las nuevas generaciones no habrían podido apoyar el fondo en un momento determinado.
Tercero: la reforma sirvió para garantizar un mayor control, respetando las obligaciones internacionales y mirando a una gestión más gerencial de los fondos.
Eran tres principios válidos, que debían adaptarse a la peculiar situación vaticana, donde durante años los presupuestos habían sido algo artesanal, más que profesional. El IOR (el banco vaticano) introdujo la auditoría externa a mediados de los años 1990, tras la reforma de sus estatutos. La APSA (Administración del Patrimonio de la Santa Sede) controlaba varias empresas en Suiza, Francia e Inglaterra, que sólo posteriormente pasaron por un proceso de racionalización. El Estado de la Ciudad del Vaticano tenía presupuesto propio, mientras que el Óbolo de San Pedro no, aunque los donativos se utilizaron siempre para la misión del Papa, lo que incluía también cubrir los déficits de la Curia.
Luces y sombras en los presupuestos
Ahora hay un presupuesto público de la Santa Sede, un presupuesto público de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (el «banco central» del Vaticano), un presupuesto público del Instituto para las Obras de Religión (el llamado «banco del Vaticano»), la Autoridad Vaticana contra el blanqueo de dinero -ahora llamada Autoridad de Información y Supervisión Financiera- publica un informe anual. Sin embargo, desde hace años no se publica el presupuesto del Estado de la Ciudad del Vaticano y, además, nunca se ha publicado un balance del Fondo de Pensiones del Vaticano.
¿Qué podemos deducir de estos presupuestos? En cuanto al IOR, se ha producido una drástica caída de beneficios. En el último informe del IOR, los beneficios netos alcanzaron los 30,6 millones de euros, de los cuales 13,6 se repartieron en obras de religión y caridad, mientras que 3,2 millones se donaron a diversas organizaciones benéficas. En 2022 los beneficios fueron del 29,6. Pero estas cifras están muy lejos del beneficio de 86,6 millones declarado en 2012. Desde entonces, ha ido disminuyendo, con pequeños aumentos: en 2013 el IOR registró un beneficio de 66,9 millones; en 2014, 69,3 millones; en 2015 incluso cayó a 16,1 millones. En 2016 volvió a ser de 33 millones, en 2017 la cifra se mantuvo bastante constante con 31,9 millones de euros, mientras que en 2018 los beneficios fueron de 17,5 millones.
Situación del IOR
Los beneficios volvieron a ser de 38 millones en 2019 y en 2020 la crisis del COVID hizo bajar los beneficios a 36,4 millones de euros. Pero en el primer año pospandemia, un 2021 aún no afectado por la guerra en Ucrania, volvemos a una tendencia negativa, con un beneficio de sólo 18,1 millones de euros, y sólo en 2022 volvimos al umbral de los 30 millones.
Al disminuir los beneficios, disminuye la contribución que el IOR da a la Curia Romana para su sustento. El presupuesto de la Curia, de unos 200 millones de euros, es un «presupuesto de misión» y se compone casi exclusivamente de gastos, mientras que los ingresos proceden principalmente de donaciones. La Curia, en efecto, no vende servicios, sino que está al servicio del Santo Padre.
No hay datos recientes sobre el presupuesto del Estado de la Ciudad del Vaticano que, en cualquier caso, registró un fuerte superávit gracias a la venta de entradas de los Museos Vaticanos, que se desplomó en los dos años de pandemia. Sin embargo, sí hay datos del presupuesto de la APSA, publicado en julio.
Falta de transparencia
La APSA no sólo actúa como «banco central del Vaticano», sino también como fondo de inversión soberano, ya que se encarga de toda la gestión de los activos del Vaticano. Este año se obtuvo un beneficio de 45,9 millones de euros, conseguido gracias a una mejor gestión de las inversiones. Pero es un presupuesto que hay que leer en claroscuros. Las noticias que circulan en los medios hablan de contratos de alquiler a empresas externas, e incluso se habla de una venta de Annona, el supermercado del Vaticano, que debería ser entregado en concesión a una cadena de supermercados italiana.
En resumen, existe una fuerte necesidad de obtener ganancias. El Papa Francisco escribió a los cardenales pidiéndoles que racionaran los recursos, recortó su salario un 10 por ciento, estableció que incluso las casas de servicios deben alquilarse a precios de mercado, él, al inicio de su pontificado, realizó un bloqueo de rotación. Medidas muy duras, que pusieron a prueba el sistema vaticano, que hasta entonces se había basado en gran medida en la colaboración entre los departamentos bajo la coordinación de la Secretaría de Estado.
Hay nuevas políticas de inversión, reseñadas en el documento de «Mensuram Bonam» , pero también existe la necesidad de encontrar recursos. Queda por comprender cómo la Santa Sede, que hace diez años no se encontraba en condiciones económicas tan difíciles, según admitió el cardenal Pell, hoy se ha visto obligada a afrontar una situación económica tan delicada.
Nuevos gestores
Si bien las reformas económicas han dado un paso adelante y un paso atrás, hay toda una nueva generación de empleados abriéndose paso en las finanzas del Vaticano. El presidente de la APSA es Mons. Giordano Piccinotti , que conoce bien el mundo de las finanzas y que fue administrador de fundaciones salesianas en Suiza. El cardenal Christoph Schonborn es el nuevo presidente del IOR, mientras que el presidente del Consejo de Superintendencia, Jean-Baptiste de Franssu, permanece en el poder, a pesar de haber tenido ya dos mandatos. La autoridad contra el blanqueo de dinero se encamina hacia una transición, tal vez incluso una presidencia, como lo demuestra el reciente nombramiento de Federico Antellini Russo en el doble papel sin precedentes de director y vicepresidente de la Autoridad.
Y luego está el Fondo de Pensiones del Vaticano. El cardenal Farrell fue nombrado administrador único, con el objetivo de sacar adelante una reforma que elimine el déficit, pero la pesadilla es la de una suspensión de la provisión de pensiones hasta que los presupuestos estén en orden como, al fin y al cabo, ocurrió en Argentina durante la crisis económica de principios de los años 2000.
Lo que es seguro es que las finanzas vaticanas han atravesado un largo período de reformas, en el que se llamó a consultores externos para delinear planes de reestructuración. Tal vez la decisión de cambiarlo todo antes de evaluar conseguido haya tenido consecuencias.
