Los obispos españoles han aprobado un documento que servirá como manifestación de instrucciones previas, voluntades anticipadas o testamento vital acerca de los tratamientos médicos a aplicar ante una muerte cercana. Para tener validez, el testamento vital habrá de ser debidamente registrado ante el organismo oficial que corresponda.
El texto se propone a cualquier persona que desee manifestar su deseo de que “si llegara a padecer una enfermedad grave e incurable o a sufrir un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o cualquier otra situación crítica; que se me administren los cuidados básicos y los tratamientos adecuados para paliar el dolor y el sufrimiento; que no se me aplique la prestación de ayuda a morir en ninguna de sus formas, sea la eutanasia o el ‘suicidio médicamente asistido’, ni que se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte”. También incluye la petición de “ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte y para ello solicito la presencia de un sacerdote católico y que se me administren los sacramentos pertinentes”.
La intención de la Conferencia Episcopal (CEE) es difundir en toda España esta posibilidad, si bien las distintas diócesis deberán tener en cuenta la regulación específica en la correspondiente Comunidad Autónoma.
La asamblea plenaria, por otra parte, ha aprobado las líneas de acción pastoral de la CEE para los años 2021-2025. El documento se plantea cómo evangelizar en la actual sociedad española, y responde a partir de tres ejes: la conversión pastoral, el discernimiento y la sinodalidad. El cardenal Juan José Omella, presidente de la CEE, dijo en el discurso inaugural de la asamblea que “nuestro objetivo es que la Iglesia en España, tanto en su presencia social como en su organización interna, en su misión y en su vida, se ponga en marcha hacia el Reino prometido, en salida misionera, en camino evangelizador”.
El contexto es el hecho de que “en España existe un creciente y grave problema que se llama desigualdad social”, y que “es un reto que tenemos que abordar para asegurar la dignidad de todos y la necesaria justicia social que es siempre garantía de paz social. No es momento para disputas inertes entre partidos políticos, no es tiempo para soluciones fáciles y populistas a problemas graves, no es el momento de defender intereses particulares. Ahora es el momento para la verdadera política, que sume a todas las partes y que trabaje para el bien común de toda la sociedad y el fortalecimiento y credibilidad de las instituciones en las que se asienta nuestro sistema democrático”
Entre los diversos temas tratados en la plenaria, destacan otros dos, tanto por su importancia intrínseca como por su relevancia social.
Asesoramiento en temas de menores y educación
El primero es la creación en la CEE de un servicio de asesoramiento en para las oficinas diocesanas para la protección de los menores y la prevención de abusos. No existe el proyecto, según explicó Mons. Luis Argüello, Secretario General de la Conferencia, de abrir una investigación general de tipo histórico sobre los abusos en el pasado.
Informó de que el proyecto de Decreto general de la CEE sobre esta materia ha recibido una opinión favorable de la Santa Sede, a salvo de tres modificaciones menores y de un proceso de consulta aún abierto. Algunos datos de interés sobre la relevancia numérica de esas conductas escandalosas los ha comunicado a la CEE la Congregación para la Doctrina de la Fe el pasado 20 de abril: desde 2001 han llegado a la Congregación 220 procedimientos relacionados con abusos por parte de presbíteros (144 seculares y 76 regulares, de los que respectivamente 101 y 50 ya han sido resueltos).
Argüello recordó que nos se trata de un problema únicamente de la Iglesia, aunque quizá “hemos ido despacio durante un tramo del camino”, dijo, sino que es “un verdadero problema social”. Por esa razón, la Iglesia está dispuesta a colaborar con las diversas instancias sociales para combatirlo en todos los ámbitos, apartando su propia experiencia.
El otro asunto de mayor relevancia en las reuniones de la asamblea plenaria ha sido la educación, en el contexto creado por la nueva ley educativa. El principal esfuerzo va dirigido a la actualización del currículo del área de Religión Católica, para adaptarlo al marco de la llamada LOMLOE o “ley Celáa”. Como hemos informado, el proceso se inició con la organización en marzo del foro “Hacia un nuevo currículo de religión”, con participación de expertos de todos los ámbitos educativos y con resultados satisfactorios, en opinión de los convocantes y de los participantes.
Los obispos españoles también han estudiado la puesta en marcha de la carta del Papa Francisco Spiritus Domini, para la institución estable de laicos como lectores y acólitos. Esta prevista la preparación de un plan de formación para las personas que vayan a ser instituidas para esos ministerios laicales.
