Francisca Pérez-Madrid, catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universitat de Barcelona desarrolló esta idea durante su conferencia “El asilo en los supuestos de persecución religiosa y en los de orientación sexual. Una comparación”.
La conferencia centró los actos de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra con motivo de la celebración de la festividad de San Raimundo de Peñafort.
En la actualidad, como destacó hay 70 millones de desplazados de forma forzosa en el mundo, de los cuales sólo 3,5 millones solicitan el asilo. Un dato a tener en cuenta: el número de cristianos perseguidos supera los 300 millones en todo el mundo.
En esta línea, la catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado defendió la necesidad de revisar y actualizar las orientaciones del Alto Comisionado, sobre persecuciones religiosas y las relativas a las persecuciones por identidad de género o identidad sexual, ya que “las segundas, con una perspectiva más amplia y flexible, tienen en cuenta la situación precaria del solicitante, y exigen que las autoridades tengan un punto de vista proactivo a la hora de valorar los supuestos de hecho. En cambio, las Directrices relativas a las persecuciones religiosas parten de una cierta presunción de inverosimilitud frente a las potenciales solicitudes”.
Por esto, para Francisca Pérez-Madrid es necesario incorporar las reflexiones de la literatura académica, las aportaciones jurisprudenciales y una perspectiva centrada en la persona para evitar la “diferenciación en cuanto al nivel de protección internacional según cuál haya sido el motivo de la persecución”.
“Los derechos humanos no dependen de números ni de cuotas” defendió Francisca Pérez-Madrid, “todos somos titulares de ese derecho a la libertad, a la seguridad y por supuesto a la libertad religiosa”.
Además, Francisca Pérez – Madrid considera que esta garantizaría la protección efectiva de cada ser humano amenazado en su vida, libertad y seguridad. “La actitud del Estado receptor con respecto al solicitante no debe ser de sospecha, sino proactiva, y debe haber unos estándares iguales para evitar la arbitrariedad en la revisión de la gravedad de la persecución. Lo importante es valorar la vulnerabilidad de esas personas individualmente y ver en qué situación están” defendió.
