En en su escrito ante el Parlamento Europeo, registrado por esta cámara el pasado 28 de enero, la Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación denunció, entre otros, la violación de los artículos 14 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 27 de la Constitución Española, que protegen la libertad de educación y de enseñanza.
La Comisión ha subrayado seis aspectos básicos de esta nueva normativa que vulneran la normativa comunitaria o nacional:
- La vulneración de la libertad educativa y religiosa, al no relacionarse la asignatura de Religión de entre las materias a impartir, lo que puede dar lugar a su directa supresión, o a su minusvaloración, al perder la exigencia de equiparabilidad y evaluación de la asignatura.
- La inclusión de asignaturas de carácter ideológico que podrían violentar las creencias de padres y alumnos, alejándose de valores comunes y al margen de aquellos que encuentran acogida en la Constitución Española y textos comunitarios.
- La abierta discriminación de la escuela concertada, al cambiar el concepto de derecho a la educación por el de ‘derecho a la educación pública’. Además, hace de la concertada un sistema educativo subsidiario y al eliminar concepto de demanda social pretende su paulatina asfixia, quebrantando la libertad de creación de centros de enseñanza y la libertad educativa.
- La persecución del modelo de educación diferenciada, violentando el ideario de los centros y la libertad de elección del modelo pedagógico o educativo que los padres entiendan más adecuado para el desarrollo de la personalidad de sus hijos en libertad.
- La progresiva desaparición de la educación especial frente al criterio de una amplia mayoría de padres.
- La desprotección del español o castellano en las aulas, al quedar la utilización de la lengua oficial del Estado al albur de arbitrarias decisiones administrativas o políticas, desconociéndose el deber de todos los españoles a conocerla y su derecho a usarla.
El escrito presentado por esta Comisión Jurídica tiene como objetivo lograr una respuesta política desde el Parlamento Europeo con el fin de abrir vías de intervención para que las instituciones comunitarias protejan jurídicamente los derechos esenciales de tantas familias que han sido vulnerados.
