En la primera semana de junio el gobierno del Presidente Gabriel Boric envió al Congreso chileno un proyecto de aborto libre -sin causales- hasta la 14ª semana de embarazo. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado -ambos de oposición- declararon que no es su intención ponerlos en la agenda política.
Asimismo, 20 senadores de oposición firmaron una carta de rechazo al proyecto y otros parlamentarios de la coalición de gobierno han manifestado su oposición.
La Conferencia Episcopal de Chile emitió una declaración rechazando este proyecto. “Lamentamos profundamente estas iniciativas, que atentan contra el valor sagrado e inviolable de la vida humana. Insistimos en que la vida humana, desde su concepción hasta la muerte natural, posee una dignidad que debe ser siempre protegida y promovida.” Lo mismo han hecho las comunidades evangélicas y anglicanas.
A lo anterior, se suma el hecho que el Gobierno ha puesto urgencia inmediata a un proyecto de ley sobre eutanasia que dormía en el Congreso desde el año 2011 y que ha sido reformulado varias veces.
El proyecto, básicamente, crea el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable, en los casos en que el paciente tiene una enfermedad, dolencia o la disminución avanzada e irreversible de sus capacidades lo que le ocasiona sufrimientos físicos persistentes e intolerables y que no pueden ser aliviados en condiciones que considere aceptables.
Ambos temas estaban en el programa de gobierno de Gabriel Boric, que quiere cumplir con sus electores antes de la próxima elección presidencial de noviembre 2025.
