Esta mañana el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha comparecido en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar en sede parlamentaria el “Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica”.
A casi todo el mundo le ha cogido por sorpresa esta reunión, pues fue hace un año, concretamente el pasado 27 de octubre de 2023 cuando Gabilondo y Francina Armengol, presidente del Congreso de los Diputados, escenificaran la entrega del informe con una puesta en escena por todo lo alto.
A nadie se le escapa el uso político e ideológico que están haciendo algunos partidos y medios de comunicación de los abusos cometidos por miembros de la Iglesia. Mientras se fustiga sin cesar a las instituciones cristianas, se desatiende casi por completo la protección de menores en otros ámbitos.
Datos para el contexto
Situemos algunos puntos que conviene tener presentes para valorar el alcance de los abusos sexuales a menores en España:
1. El quinto informe presentado por El País sobre los abusos en España el pasado mes de mayo, el porcentaje de eclesiásticos acusados supone un 1,3% del total del clero. Es un dato muy significativo, pues en las investigaciones llevadas a cabo en el resto de países ese porcentaje ha estado siempre entre el 4% y el 7%.
Precisamente como los datos de España estaban muy lejos de los del resto de países, Gabilondo dejó caer en la rueda de prensa de presentación del informe que una encuesta telefónica decía que el 1,13% de los encuestados aseguraba haber sufrido una agresión en el ámbito religioso. Si esa cifra fuera cierta habría en España 440.000 víctimas, lo que significaría que cada sacerdote o religioso español sin excepción alguna habría tenido que abusar de varias víctimas.
Sin embargo, la constante aparición de los abusos eclesiales en la prensa hace pensar que lo acaecido en España es igual o mayor que lo sucedido en otros lugares. Ahora bien, también podría enfocarse el tema de otra forma y preguntarse por qué los clérigos españoles han abusado dos tercios menos que los de cualquier otro país.
2. El informe de abusos del Defensor del Pueblo encontró 600 casos de abusos en los últimos 70 años. Sin embargo, sólo 27 de ellos pertenecían al siglo XXI. Teniendo en cuenta que en la última década el número de denuncias de abusos sexuales a menores se ha multiplicado exponencialmente, no es aventurado decir que el contexto eclesial es uno de los entornos más seguros para los menores.
Fiscalía General del Estado
3. Es innegable que en España ha habido abusos y encubrimiento por parte de la Iglesia, pero también lo es que, según los últimos datos disponibles, sólo el 0,45% de las denuncias de abusos sexuales actuales a menores pertenecen al ámbito de la Iglesia (y eso que el dato incluye a laicos y religiosos que trabajan en ámbitos educativos y catequéticos). ¿Y quién ofrece este dato? Pues nada más y nada menos que la Fiscalía General del Estado: de los 15.000 casos abiertos en 2022, solo 68 pertenecen al ámbito de la Iglesia.
Confianza en la Iglesia
4. A pesar de que el mantra de los abusos no para de acaparar titulares y prime time televisivo, la Iglesia católica sigue generando una enorme confianza entre los padres, como muestra el hecho de que hay 2.500 colegios católicos en España. En ellos se educan 1,5 millones de niños y adolescentes y serían mucho más si el estado no tratara de ahogar financieramente a los centros concertados ofreciéndoles un 25% menos de financiación que a los centros públicos.
Políticos
5. A gran parte de la prensa y de los políticos no parece que les importen las víctimas realmente, pues solo están interesados en que se investiguen los abusos en el ámbito eclesial, olvidándose del 99,5% de los casos. Y es que no hay que olvidar que el parlamento español encargó al Defensor del Pueblo una investigación sobre abusos en la Iglesia, pero votó en contra de ampliarla a otros ámbitos, lo que no deja de ser una vergüenza para la democracia. El silencio de El País sobre este punto, refleja claramente el poco interés qué tiene por las víctimas de abusos y el gran empeño que tiene en denigrar a la Iglesia.
El caso del parlamento español no es la única dejación de funciones que hemos visto en nuestro país. La ocultación de la pederastia por parte de los partidos políticos parece ser habitual. Fueron los votos del PSOE, Podemos y Compromís los que impidieron que se investigaran los abusos a una menor en un centro de la Consejería de la Generalitat Valenciana en 2020. ¿La razón? El acusado era nada más y nada menos que el marido de Mónica Oltra, vicepresidenta del gobierno valenciano.
También fueron los gobiernos del PSOE, Més y Unidas Podemos los que votaron en contra de la creación de una comisión para investigar la explotación sexual de dos niñas tuteladas por el Consell de Menorca. Por si esto fuera poco, la actual presidenta del Parlamento español, Francina Armengol, fue la responsable de torpedear este proceso. Más adelante el PSOE impidió que el Parlamento Europeo investigara el asunto por su cuenta.
Prensa
Como se ve en todos estos casos es bastante irónico e injusto que el gobierno o los parlamentos presuman de su trabajo en bien de las víctimas de abusos y pretendan tener legitimidad moral alguna en este proceso. Lo mismo puede decirse de muchos medios de comunicación que pasaron de puntillas por el asunto y no exigieron la décima parte de responsabilidades que a la Iglesia.
6. Este año, un grupo de ciudadanos anónimos que se hacen llamar el colectivo Sergio Gámez, demostró que tanto la “investigación” de El País como la del Defensor del Pueblo, no indagaban a fondo las denuncias que recibían en su correo electrónico, cancelando la presunción de inocencia de todos los acusados.
En conclusión, es del todo infundada la superioridad moral que muestran muchos políticos y medios de comunicación a la hora de acusar a la Iglesia de sus pecados y olvidar la viga en el ojo que les impide ver su propia responsabilidad.
La responsabilidad de la izquierda cultural
7. Los impulsores de la legalización y aceptación social de la pedofilia en Europa fueron intelectuales de izquierda, considerados por muchos como los maestros del pensamiento occidental. Empezando por el nóbel de literatura Jean-Paul Sartre, continuando por su pareja, Simone de Beauvoir, y pasando por Michel Foucault, y tantos otros… De hecho, en 1977, 62 intelectuales firmaron un manifiesto exigiendo la despenalización de la pedofilia en Francia. Querían que se considerara una etapa normal de desarrollo en la vida de un niño.
Daniel Cohn-Bendit, el líder de los Verdes alemanes y franceses, escribió un libro, “Le grand Bazaar”, en el que se presentaba abiertamente como un pedófilo. Entre 1994 y 2014 fue eurodiputado, pero no encontraremos grandes denuncias entre los medios de comunicación de determinada tendencia.
Escritores pedófilos
Otro ejemplo. Gabriel Matzneff, un afamado escritor francés, fue duramente cancelado en 2020 cuando el “me too” francés puso el grito en el cielo al conocer por sus obras la vida pedófila que llevó. Ahora bien, la dura reprimenda pública no ha llegado al resto de autores de su generación, empezando por Foucault, que disfrutaba de una vida pedófila a todo tren en Túnez. Hoy día, sin embargo, no se pedirá la misma rendición de cuentas a los medios de comunicación, o a las universidades que difundieron y ampararon alegremente su obra y su legado. Y eso que las opiniones de esos pensadores eran abiertamente conocidas.
Y es que mientras la Iglesia en ese tiempo era acusada de estar en contra de la felicidad de los menores porque estaba en contra del contacto sexual con los niños, ahora es vilipendiada hasta el extremo por sus encubrimientos. ¿No debería usarse la misma vara de medir con los medios de comunicación y políticos, de entonces y de ahora, que apoyaron a esos intelectuales? ¿Sólo cabe la rendición de cuentas de algunos?
Esto es lo que parece proponer el Defensor del Pueblo español, cuando hace unas horas ha insistido en que se pongan en marcha las recomendaciones de su informe, pero se ha olvidado de recordar a los diputados que más del 99% de las víctimas también necesitan justicia.
(Artículo actualizado el 16-10-2024).
