Uno de los retos de la sociedad actual es, ciertamente, el envejecimiento de la población, y la consecuente atención que requieren las personas mayores. La Unión Europea estima que, dentro de veinticinco años, 38,1 millones de europeos tendrán necesidad de cuidados de larga duración, mientras que, actualmente, lo necesitan 30,8. En el caso de España, la población potencialmente dependiente pasará de 2 millones en 2019, a 2,32 millones en 2030 y a 2,92 en 2050.
Al mismo tiempo, las autoridades señalan también la creciente dificultad para lograr atraer más trabajadores al sector de los cuidados de larga duración. Los informes de Cáritas proporcionan datos de primera mano sobre la dureza de las condiciones laborales en términos de salario, horarios, etc. Además, muchas familias no pueden afrontar económicamente la asistencia por parte de profesionales, de modo que, según las estimaciones disponibles, las personas que prestan esos cuidados carecen de una formación profesional específica, y en su mayoría son inmigrantes. Este último factor puede añadir a la experiencia de estos trabajadores (prevalentemente mujeres), más dificultades a la hora de integrar su trabajo en el conjunto de su vida. Piénsese, por ejemplo, en el personal que vive en el propio hogar de la persona que necesita los cuidados, en ocasiones con una carga psicológica mayor por falta de independencia.
Por todo ello, desde hace un tiempo, varios economistas plantean la necesidad de políticas públicas para atraer a empresas y trabajadores al sector de los cuidados de larga duración. En mi opinión, en esta cuestión sería enriquecedor prestar atención a las consideraciones de la Doctrina Social de la Iglesia, porque nadie puede negar que la experiencia de la Iglesia católica en el cuidado de los mayores y de otras personas vulnerables es incomparable.
教会的社会训导
Como decía el Papa Francisco, se debe reconocer “en primer lugar y como deber de justicia, que el aporte de la Iglesia en el mundo actual es enorme. Nuestro dolor y nuestra vergüenza por los pecados de algunos miembros de la Iglesia, y por los propios, no deben hacer olvidar cuántos cristianos dan la vida por amor: ayudan a tanta gente a curarse o a morir en paz en precarios hospitales, o acompañan personas esclavizadas por diversas adicciones en los lugares más pobres de la tierra, o se desgastan en la educación de niños y jóvenes, o cuidan ancianos abandonados por todos, o tratan de comunicar valores en ambientes hostiles, o se entregan de muchas otras maneras que muestran ese inmenso amor a la humanidad que nos ha inspirado el Dios hecho hombre” (福音的喜乐 76).
La reciente Exhortación Apostólica de León XIV, Dilexi te, refuerza la comprensión de la contribución de la Iglesia católica en este terreno.
El enfoque de la Doctrina Social de la Iglesia mantiene unida la atención a la dignidad de cada persona con la mirada al conjunto, al bien común, la solidaridad y la subsidiaridad. Por ejemplo, la subsidiaridad llevaría a plantearse cómo ayudar a las familias para que puedan afrontar estos cuidados, pues dentro de lo posible, el ambiente primero y más apropiado para cuidar a las personas mayores es la propia familia.
El papel de los gobiernos
No obstante, las políticas públicas que puedan venir necesitan abordar paralelamente un cambio de mentalidad, un cambio cultural que se traduzca en los mensajes que transmite la autoridad pública, la sociedad civil y los medios sobre dos puntos muy sensibles: la valoración social y económica de quienes trabajan en este sector y la de los mayores y discapacitados.
Hasta la propia Unión Europea, con todas sus contradicciones, se da cuenta de lo que está en juego. En sus propias palabras, “la manera en que valoramos el cuidado debería reflejar la forma en que queremos que sean valorados los niños, las personas mayores, las personas con discapacidades y quienes les cuidan” (European Commission, On the European Care Strategy. 7.9.2022. Brussels, 23).
Crecimiento de la eutanasia
Ahí está precisamente el núcleo de la cuestión: ¿cómo valoramos a los niños, a los discapacitados, a los mayores y a quiénes los cuidan?
Las sociedades que se enfrentan al desafío de revalorizar el sector de cuidados de larga duración se caracterizan por haber hecho una opción fundamental por la defensa de la autonomía y libertad del individuo; y por la máxima extensión posible de sus derechos de autodeterminación.
Tan sólo una muestra: la despenalización de la eutanasia y la progresiva expansión de los supuestos en los que cabe acogerse a ella, hasta convertirla en un derecho que debe ser garantizado por el Estado, es cada vez más común en países aquejados por la situación demográfica que describimos. Se quiera o no, transmite a las personas dependientes el mensaje de que para ellos, en el contexto de una pérdida de autonomía o una calidad de vida disminuida, se abre una opción de libertad: el suicidio asistido.
Con las proyecciones demográficas que tenemos, es muy razonable concluir que crecerá la (encubierta y sutil) presión social sobre los mayores para que terminen su vida mediante la eutanasia. Ellos mismos llegarán a la conclusión de que es la opción más razonable, considerada la situación económica personal y del país, la disponibilidad de medios sanitarios y su situación familiar.
Con esto se quiere mostrar que el enfoque individualista característico de nuestras sociedades tiene difícil encontrar argumentos coherentes para promover el sector de los cuidados de larga duración, así como un cambio en el modo en que valoramos a estos trabajadores.
Por otro lado, una parte importante del problema estriba en cómo lograr una mejora salarial que haga más atractivo el trabajo en ese sector. Sin embargo, y con toda la importancia que pueda tener la cuestión salarial, es necesario abordar antes la revalorización social de los profesionales del cuidado (y de los mayores). Haría falta un empeño público semejante al que el Estado y los poderes mediáticos han hecho y hacen en muchos países con las cuestiones de género.
Aprender de la pandemia
La profesora Mary Hirschfeld ha mostrado que en la raíz de la tan denunciada desigualdad económica de nuestras sociedades se encuentra la arraigada convicción de que el éxito social se encuentra sobre todo en la acumulación de riqueza, considerada como fin último. Las personas se vuelven visibles o invisibles en función de su riqueza económica. Pero la pandemia nos ha hecho ver con mucha claridad el valor de esos trabajos para el bien común: cuidadoras, repartidores, personal de limpieza, y un largo etcétera.
Pienso que en el año de la pandemia y en atención a la contribución al bien común tan decisiva como extrema y meritoria, la autoridad competente se podría haber planteado premiar tanto aplauso y reconocimiento social con beneficios fiscales en ese año para los profesionales de ciertos sectores.
En definitiva, hace falta afrontar el reto de los cuidados de larga duración con algo más que la mejor política económica y el subrayado de la autonomía de las personas. La Doctrina Social de la Iglesia puede ayudar subrayando otros principios igualmente cruciales: el bien común, la solidaridad y la subsidiaridad.
