Tras un año de vigencia de la ley orgánica de 2021 de regulación de la eutanasia en España, catedráticos como Navarro-Valls y Martínez-Torrón, y la profesora María José Valero, urgen su modificación. Solicitan, por ejemplo, que “debería eliminarse el registro de objetores, por el previsible efecto disuasorio e inhibidor que puede tener”, y que se reconozca “expresamente la posibilidad de objeción de conciencia institucional a la práctica de la eutanasia y el suicidio asistido” en entes privados.