Con los últimos acontecimientos político-sociales me he encontrado a algunas personas en Twitter defendiendo que la religión debe reducirse al ámbito privado. Los casos de irrespeto como los titiriteros de Madrid, el “madrenuestra” de Barcelona y el juicio de Rita Maestre, llevan a algunos a justificar esos irrespetos basándose en la idea de que España es un “estado laico” y que esto no se cumple en la práctica.
Aclaremos para empezar que el Estado español no es laico ni laicista, sino aconfesional. Y no es lo mismo. El artículo 16.3 de la Constitución establece que “ninguna confesión tendrá el carácter estatal, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la iglesia católica y demás confesiones”.
Por otro lado, el artículo 16 de la Constitución “garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades…”. A su vez, la Ley Orgánica 7/1980 desarrolla este punto y habla de facilitar la asistencia religiosa en lugares públicos, así como el derecho de recibir formación religiosa en centros educativos sostenidos por el estado.
En España, por tanto, la libertad de expresión religiosa no es solo un derecho fundamental en el ámbito privado, sino también público. Pero es que, además, a nosotros el mismo Jesús nos pidió: “Id y anunciad a todas las gentes la buena noticia”. Por tanto, se puede y se debe expresar la fe públicamente. En Oriente Medio donde los cristianos arriesgan su vida por Cristo, no tienen miedos ni complejos. Tal vez tengamos que aprender de ellos. La situación de intolerancia religiosa que estamos viviendo en España me parece una oportunidad para hacer respetar nuestros derechos fundamentales religiosos, aunque no de cualquier manera, sino desde la paz y la coherencia con el Evangelio. Es hora de una vivencia y expresión de la fe sin complejos.
