Actualmente, ser obispo en los Estados Unidos es un desafío. Mientras los obispos preparan su reunión nacional del 11 al 13 de junio, que volverá a centrarse en el abuso sexual, la compleja situación política nacional los está inundando con otros asuntos.
La reunión de junio abordará una serie de propuestas que permitan exigir más responsabilidad a los obispos en cuestiones de abuso sexual por parte del clero, o de encubrimiento de abusos. Es un segundo intento de afrontar las propuestas que quedaron en suspenso el pasado noviembre, a petición del Vaticano. Los obispos de Estados Unidos confían en que, si se aprueban, esas propuestas servirán para establecer procedimientos claros para denunciar acusaciones de abuso o de encubrimiento por parte de obispos. Al mismo tiempo, los obispos tendrán que tratar asuntos relacionados con la situación política. En un mismo día de mayo, la Conferencia de los Obispos ha emanado dos declaraciones que reflejan la complejidad política de los temas.
La primera declaración expresaba su decepción por el voto de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, sobre una “ley de igualdad” que extendería la cobertura federal de los derechos civiles, para incluir expresiones como “orientación sexual”, “identidad de género”, etc.
Los obispos dicen que, aunque la Iglesia apoya los esfuerzos para terminar con la “discriminación injusta”, esta reforma de la ley podría tener una influencia negativa en cuestiones que van desde lo referente a las escuelas de educación diferenciada o al aborto, a las organizaciones religiosas de adopción “que respetan el derecho de los niños a tener un padre y una madre”.
Ese mismo día los obispos se opusieron al último plan del presidente Donald Trump para la reforma migratoria, que consistiría en un sistema de inmigración basado en el mérito, en perjuicio de la inmigración basada en lazos familiares. La declaración está firmada por el cardenal Daniel DiNardo, presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, y por el obispo Joe Vasquez, presidente de la comisión episcopal para las migraciones. Las dos declaraciones del pasado 17 de mayo reflejan un gobierno polarizado y dividido. Mientras la Cámara de Representantes sería más receptiva a las prioridades de los obispos acerca de la inmigración, los líderes demócratas se opondrían a los obispos en cuestiones como el aborto y los asuntos relativos a la homosexualidad o al género.
