El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbot, sancionó el pasado 19 de mayo una de las leyes más restrictivas del aborto en Estados Unidos, que prohíbe esta intervención a partir de las seis semanas de gestación, cuando en muchos casos ni siquiera las mujeres saben que están embarazadas. Esta ley se une a una serie de leyes protectoras del derecho a la vida del nasciturus que se han venido aprobando en diversos estados del país en los últimos años.
La rúbrica de este texto se produce después de que el Tribunal Supremo de EEUU anunciara dos días antes que examinará un caso que restringe este procedimiento en Misisipi. El caso de Misisipi supondrá la primera ocasión en la que el Tribunal Supremo se pronunciará sobre una ley estatal que restringe el aborto con un posible cambio de enfoque de repercusiones desconocidas.
El Alto Tribunal está compuesto ahora por 9 magistrados, de los cuales 5 son católicos (John Roberts, Clarence Thomas, Samuel Alito, Brett Kananaugh, Sonia Sotomayor y Amy Coney Barret), Elena Kagan y Stephen Breyer son judíos y Neil Gorsuch es protestante. Y de ellos se considera que una sólida mayoría es favorable al derecho a la vida y no lo son Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Stephen Breyer.
Si los Estados Unidos cambian la doctrina establecida en 1973 con ocasión de la célebre sentencia Roe versus Wade, que consagró el derecho al aborto en ese país, podemos encontrarnos en un futuro con un proceso que puede revertir las legislaciones que hicieron primar el llamado derecho a decidir sobre el derecho a la vida.
Y esto sucedería durante la presidencia de un católico que ha legislado y se ha pronunciado a favor del aborto a lo largo de su ya extensa carrera política. Joe Biden ha manifestado antes y después de su elección que está «comprometido» con la protección del derecho al aborto en el país y que independientemente de la decisión que adopte el TS próximamente él tiene el compromiso de blindar «Roe v. Wade». Afirmación que ha ratificado con los hechos pues una de sus primeras medidas como presidente fue revocar la prohibición de financiar organizaciones extranjeras que realicen abortos.
Precisamente por esto la Conferencia Episcopal de Estados Unidos se planteó recordar en un documento que no deben recibir la Comunión aquellos políticos católicos públicamente posicionados a favor del derecho al aborto. Consultada al respecto la Congregación de la Doctrina de la Fe, contestó que antes sería preferible contar con el consenso de todos los obispos, dialogar con esos políticos católicos para ayudarles a formar su conciencia y evitar la impresión de que “el aborto y la eutanasia constituyen por sí solos los únicos asuntos graves de la doctrina social católica que exigen el máximo nivel de responsabilidad por parte de los católicos». En cualquier caso, se aconseja enmarcar ese tipo de declaración en el marco más amplio de la dignidad de recibir la Sagrada Comunión por parte de todos los fieles y no sólo de una categoría de políticos.
