El arzobispo francés Thibault Verny es el nuevo Presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, por elección del Pope Leo XIV. El prelado sustituye al cardenal Sean O’Malley y llega ya con experiencia en este ámbito, puesto que estaba al frente de la lucha contra los delitos sexuales contra menores en la Conferencia Episcopal francesa.
Precisamente a su predecesor ha dedicado el arzobispo Verny algunas de sus primeras palabras. El nuevo Presidente ha agradecido al cardenal su “liderazgo valiente y profético” que “ha dejado una huella indeleble no solo en la Iglesia, sino en la sociedad en su conjunto”.
El arzobispo Verny y la lucha contra los abusos
O’Malley, ha dicho el arzobispo, “ha defendido con firmeza la primacía de escuchar las voces de los sobrevivientes de abusos, dándoles espacio para ser escuchados, creídos y acompañados en su búsqueda de la verdad, la justicia, la sanación y una reforma institucional significativa”. Por todo ello, concluye, “su legado es el de una valiente fidelidad al Evangelio y a la dignidad de toda persona humana”.
Por su parte, el cardenal ha subrayado en el arzobispo Verny “su dedicación a la prevención de los abusos en la vida de la Iglesia”, señalando “sus importantes contribuciones al trabajo de la Comisión” y sus “años de profunda experiencia trabajando con las fuerzas del orden, otras autoridades civiles y los líderes de la Iglesia para garantizar la rendición de cuentas por los graves fallos de la Iglesia en Francia”. Además, O’Malley ha calificado como “una bendición para todas las personas que el Papa León haya confiado la dirección de la Comisión al Arzobispo”.
Prioridades de la Comisión
El nuevo Presidente de la Comisión también se ha referido al Pontífice, agradeciéndole su confianza y aceptando su encargo de “ayudar a la Iglesia a ser cada vez más vigilante, responsable y compasiva en su misión de proteger a los más vulnerables entre nosotros”.
Por último, el arzobispo Verny ha expresado que, bajo su mandado, los trabajos de la Comisión “se centrarán en apoyar a las Iglesias, especialmente a aquellas que aún luchan por implementar medidas de tutela adecuadas. Promoveremos la subsidiariedad y el reparto equitativo de los recursos para que todas las partes de la Iglesia, independientemente de su ubicación geográfica o circunstancias, puedan mantener los más altos estándares de salvaguardia”.
