Han pasado algo menos de diez años desde la creación de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, deseada por el Papa Francisco en marzo de 2014, y cinco desde la reunión sobre abusos sexuales que el propio Santo Padre convocó y presidió del 21 al 24 de febrero de 2019 con representantes de las conferencias episcopales de todo el mundo.
Aunque las investigaciones de diversas organizaciones demuestran que el fenómeno de los abusos es mucho más limitado que en otros ámbitos sociales (familia, escuela, deporte), es un tema que, por desgracia, sigue lacerando al cuerpo eclesial porque mina su credibilidad, su misión de anunciar el Evangelio a toda criatura.
Se trata de un tema de gran actualidad, como lo demuestra también la delicada situación de la Iglesia alemana, que, partiendo de las heridas de los escándalos de abusos, ha emprendido un «camino sinodal» decididamente tortuoso, dados los continuos recordatorios del Papa y de sus colaboradores de no proceder por una vía que corre el riesgo de conducir al cisma. El último de estos recordatorios es la carta firmada por el Secretario de Estado, Cardenal Parolin, y otros dos cardenales de la Curia Romana, el Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Fernández, y el Prefecto de la Congregación para los Obispos, Prevost.
Prudencia y responsabilidad
Un tema, por otra parte, que debe abordarse siempre con gran delicadeza. Es cierto que en la historia de la Iglesia, incluso en tiempos recientes, ha habido casos de abusos proclamados, basta recordar los trágicos sucesos del cardenal McCarrick, que fue reducido al estado laical, la máxima pena posible para un clérigo, o el tristemente célebre padre Marcial Maciel.
En estos días, aunque no se trata de abusos a menores, la historia del padre Rupnik, que está siendo investigada de nuevo por la Congregación para la Doctrina de la Fe tras los informes enviados el pasado mes de septiembre por la Pontificia Comisión para la Protección de Menores.
Nadie quiere esconderse detrás de un dedo, y la línea de tolerancia cero, deseada por primera vez por el Papa Benedicto XVI cuando el fenómeno comenzó a emerger, y reafirmada varias veces por el actual pontífice, es ahora indispensable.
Como dijo Francisco al concluir el encuentro de 2019, «la inhumanidad del fenómeno a nivel global se hace aún más grave y más escandalosa en la Iglesia, porque está reñida con su autoridad moral y su credibilidad ética».
Sin embargo, la prudencia es siempre indispensable: lo enseña el caso del cardenal australiano Pell, fallecido en enero del año pasado, exonerado de todos los cargos tras la picota de 400 días pasados en prisión como inocente.
El cambio
Pero la pregunta que muchos se hacen es: ¿qué está haciendo la Iglesia después de los escándalos que han surgido en casi todo el mundo, de Chile a Alemania, de Estados Unidos a España? ¿Ha cambiado algo o no se ha movido nada?
En realidad, las cosas han cambiado profundamente. Empezando por la mentalidad y la forma de abordar estas dolorosas historias. Lo confirmaba recientemente en una entrevista el secretario de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, el misionero norteamericano Andrew Small: la percepción del problema de los abusos dentro de la Iglesia, y también en la sociedad, ha cambiado.
El propio Small reconoce que lo que no se perdona a la Iglesia es su mala gestión de los casos de abusos: durante demasiado tiempo ha antepuesto la salvaguarda de la imagen de la institución al olvido de las víctimas, a menudo no escuchadas o silenciadas. Hoy, afortunadamente, ya no es así.
Los propios papas se han reunido varias veces con los supervivientes, escuchando sus dramáticas historias, mostrando cercanía, afecto y acogida. Un cambio de mentalidad que les ha llevado a ampliar su mirada más allá de los menores, a ocuparse también de los adultos vulnerables, a acompañar a los abusados.
Prevención, reparación y formación
Paralelamente a esta toma de conciencia, la Iglesia ha puesto en marcha una fuerte acción preventiva y se ha hecho hincapié en la reparación y la formación. Se trata de un aspecto fundamental que, sin embargo, no sólo debe preocupar a sacerdotes y seminaristas, sino también a las familias.
Conviene recordar algunos pasos concretos como consecuencia de la cumbre con las Conferencias Episcopales de hace cinco años, empezando por las leyes promulgadas a finales de marzo de 2019 para el Vaticano y el posterior motu proprio de mayo «Vos estis lux mundi» por el que el Papa Francisco ordenaba que en todas las diócesis se organizaran oficinas para recibir denuncias e iniciar procedimientos para responder a los abusos.
También estipulaba que los sacerdotes y religiosos estaban obligados a denunciar los abusos de los que tuvieran conocimiento, así como establecía las normas para los superiores, incluidos los obispos, responsables de «encubrir» los casos de pederastia. Posteriormente, se abolió el «secreto pontificio», y en 2021 se reformó el código de derecho canónico en la parte de derecho penal (Libro VI). Una herramienta más, al servicio de diócesis y obispos, es el vademécum que se pidió en la reunión y que ha elaborado la Congregación para la Doctrina de la Fe con una serie de normas y sugerencias a seguir en casos de abusos.
¿Es suficiente? Tal vez no. Pero el camino se ha emprendido. Con mucha más decisión que en otras realidades sociales. La pederastia debe ser erradicada, con mayor razón en la Iglesia.
Un solo abuso sigue siendo intolerable. Pero también debemos tener la honestidad intelectual de reconocer que se ha hecho mucho para combatir lo que Francisco describe como «una manifestación descarada, agresiva y destructiva del mal».
