Fueron días intensos en torno al proyecto de nueva ley educativa, que el gobierno quiere tramitar de forma acelerada. El pleno del Congreso tuvo lugar el día 17 y fue para la ministra socialista de Educación, Isabel Celaá, la primera defensa de su proyecto en sede parlamentaria, mientras que los partidos de la oposición pudieron explicar su rechazo al texto.
Finalmente, el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), sorteó las enmiendas a la totalidad interpuestas por los partidos PP, Vox y Ciudadanos, y por 195 votos en contra de su devolución, y 153 a favor, el proyecto sigue adelante en la fase de discusión de enmiendas parciales al texto, en el momento de escribir estas líneas.
La ministra Celaá negó que los motivos por lo que pedían la retirada de su ley fueran ciertos. A su juicio, “Los argumentos que se mencionan en las tres enmiendas a la totalidad presentadas no responden al contenido de la ley. En la ley se mantiene el derecho de los padres a elegir la formación religiosa confesional que deseen para sus hijos; se reformula la regulación de la enseñanza del castellano y las lenguas cooficiales, teniendo en cuenta las partes de la LOMCE que derogó la sentencia del Tribunal Constitucional; y se cumple con la obligación que la Constitución asigna a los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación”.
La oposición considera, sin embargo, que “esta ley representa la ruptura del pacto constitucional” puesto que “recorta derechos y libertades fundamentales”, como “la libertad y el derecho de las familias a elegir el centro donde educar a sus hijos” (Sandra Moneo, PP); señala que “ha faltado un trámite de consultas y un debate amplio con las organizaciones y los agentes sociales afectados por un cambio de proyecto educativo de este calado” (Georgina Trías, Vox); y subraya que “imponer una reforma estructural de calado, no consensuada, en una situación, no ya de estado de alarma, sino de estado de emergencia educativa es, como mínimo, una dolosa falta de empatía, y hacerlo con tintes sectarios y a mi juicio graves deficiencias técnicas, sinceramente me parece grave irresponsabilidad” (Marta Martín, Ciudadanos).
Las patronales piden consenso
Estos y otros argumentos vienen siendo expuestos desde hace meses por las principales patronales y sindicatos educativos, como ha informado Palabra. “Se avecina un momento difícil tras la pandemia, no es el momento de promover un cambio legislativo sin suficiente consenso, hay que modificar el proyecto para que sea una ley para todos”, ha manifestado Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE). “La derogación de la LOMCE no debería convertirse en un trofeo político, tan ansiado por algunos, sino en una oportunidad de hacer una Ley de consenso y que dote de estabilidad a nuestro sistema educativo”, señala Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas.
La próxima ley “propicia un malestar en gran parte de la comunidad educativa dado que es un agravio para la enseñanza concertada y una amenaza para todo aquel que ha elegido un colegio concertado para sus hijos, además de suponer un recorte de derechos y libertades para toda la ciudadanía y una censura de la pluralidad en educación”, mantiene la Plataforma Concertados, que aglutina también a las confederaciones de padres Concapa y Cofapa, y a los sindicatos FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza), y FEUSO (Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera).
Cardenal Osoro: humanizar la educación
Los obispos españoles han ofrecido en junio algunas consideraciones a tener en cuenta en torno a la nueva ley. Quizá alguien puede pensar que la Iglesia no debe inmiscuirse en asuntos como el educativo. El argumento es endeble. Lean al cardenal Osoro, en su carta semanal, publicada en el semanario Alfa y Omega, coincidiendo con el debate parlamentario.
Comenzaba el arzobispo de Madrid refiriéndose al contexto del Covid-19, “en el que han pasado muchas cosas que nos han afectado profundamente, de forma especial a los más vulnerables”. Los cristianos apelamos “al bien común, un camino en el que cada uno ponemos lo mejor de nosotros mismos, en el que las tareas y las responsabilidades se dividen y se comporten”, añadía.
A continuación, el cardenal entraba directamente en harina educativa: “A mi modo de ver, una ley educativa es la manifestación de lo que deseamos para el futuro de un pueblo. La educación es clave para el presente y el futuro de una nación. ¿Qué hacer en estas circunstancias que vivimos para humanizar la educación, es decir, para construir un sistema educativo que fragüe la cultura del encuentro, del diálogo, de la esperanza, de la inclusión, de la cooperación?”
Tras estas líneas, la cuestión es fácil de plantear: ¿no es éste acaso un tema crucial para que los Pastores de la Iglesia se pronuncien? La Nota de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura, que preside Mons. Alfonso Carrasco, obispo de Lugo, comenzaba en la misma línea
Una vez vistas algunas razones para entrar en el debate, los obispos dan a conocer su mensaje nuclear. Para el cardenal de Madrid, hay tres términos clave: humanizar, persona y diálogo. Por ejemplo, decía en su Carta: “Anular en educación es no reconocer las dimensiones que el ser humano tiene, que a algunos les hacen situarse en la vida como creyentes, y coartar los deseos de humanizarse y de humanizar. Nadie puede hoy poner en duda que la fe cristiana humaniza”.
Libertad y demanda social
La Nota de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura tiene un perfil quizá más jurídico, e insiste desde el primer momento “en la necesidad de proteger y promover el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, tal como se explicitan en la Constitución y en su interpretación jurisprudencial”.
“Nos preocupan” —señala la Comisión que preside Mons. Alfonso Carrasco—, “que se recojan plenamente las consecuencias de estos principios en la nueva Ley, y en primer lugar el respeto por la responsabilidad y los derechos de los padres en la educación de los hijos. Si el Estado tiene una tarea principal en la defensa y la promoción del bien de la educación para todos, no es sin embargo el sujeto del derecho educativo”.
A continuación, el texto se refiere a uno de los grandes temas que patronales, padres y sindicatos han criticado en el proyecto: el protagonismo de las administraciones públicas en detrimento, e incluso anulación, de la libertad de elección de centro de los padres, en la programación de los puestos escolares.
Los obispos señalan que “en este mismo sentido parece necesario que, a diferencia del actual Proyecto, la futura Ley siga recogiendo la ‘demanda social’ en todas las etapas del proceso educativo, desde la libertad de elección de centro escolar, que incluye la gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones, al trato en igualdad de condiciones de los diversos centros y a la libertad para su creación”.
