El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida ha publicado recientemente un interesante documento, La Iglesia es nuestra casa, fruto de la participación en el camino sinodal de un grupo de personas con discapacidad de distintos países de los cinco continentes.
Se trata de un documento particularmente significativo, sobre todo por cuanto supone la asunción del nuevo paradigma preconizado por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -aun cuando ésta no aparezca expresamente citada-, que ha de tener también su reflejo en la Iglesia.
Nuevo paradigma que supone apartarse de la tradicional visión asistencialista que consideraba a las personas con discapacidad únicamente como destinatarios pasivos de la asistencia que otros debían prestarles, para erigirlos en protagonistas de pleno derecho de la vida social, que han de ejercer sus derechos y responsabilidades en igualdad de condiciones con todas las demás personas.
Característico del nuevo paradigma es también subrayar la individualidad de las personas con discapacidad, lejos de cualquier prejuicio o estereotipo: las personas con discapacidad no son mejores ni peores que las demás .
No son, como a veces se ha pensado en la Iglesia, ni pecadores ni seres angelicales bendecidos por su sufrimiento: son personas normales, con sus cualidades y sus defectos, con sus deseos y preferencias, que merecen el mismo respeto que los de todas las demás personas.
Resulta evidente que el viejo paradigma ha estado y continúa estando todavía hoy presente en la vida de la Iglesia, como de la sociedad entera que la rodea. El documento hace referencia en este sentido a la actitud paternalista que ha presidido la mirada hacia las personas con discapacidad, que ha llevado incluso a verles como personas ya santas o “Cristos en la cruz” por su condición de discapacidad, olvidando que son, como todos los demás cristianos, simples creyentes necesitados de conversión. Y cita algunas manifestaciones concretas de exclusión, principalmente dos: la negación de sacramentos a personas con discapacidad, que se hace por muy diversas razones, “desde el prejuicio sobre la capacidad de comprender la naturaleza del sacramento, hasta la inutilidad de ofrecer la reconciliación a quienes ya expían sus pecados con su propio sufrimiento, pasando por el prejuicio sobre la capacidad de expresar un consentimiento definitivo o la falta de un profundo enfoque pastoral que utilice todos los sentidos para facilitar la comunicación”; y la segregación de muchas personas con discapacidad en instituciones asistenciales, no pocas de ellas regidas por organismos relacionados con la Iglesia, en las que no se tiene en cuenta su voluntad y muchas veces se restringen derechos y libertades básicas.
Es preciso, pues, un cambio de mentalidad. Y no porque esté de moda, porque sea lo políticamente correcto o porque lo indique la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se trata, por el contrario, de asumir el profundo significado de la dignidad intrínseca de todo ser humano —y, en la Iglesia, de todo fiel—, que exige la plena afirmación de su igualdad radical, y, en consecuencia, la garantía de la idéntica participación de todos y del igual ejercicio de los derechos.
Este paradigma tiene consecuencias bien concretas: por ejemplo, en relación con el acceso de las personas con discapacidad intelectual a la comunión sacramental, el nuevo paradigma se opondría a denegar la comunión a personas con discapacidad intelectual presuponiendo un insuficiente grado de discernimiento, como se ha hecho con frecuencia, y exigiría tratar de ofrecerles la explicación del sacramento que les resulte accesible, teniendo presente además que, como ya señaló Benedicto XVI en la Exhortación Apostólica Sacramentum Caritatis (n. 58), con independencia de su grado de comprensión, reciben el sacramento en la fe de la Iglesia.
El nuevo paradigma ha de manifestarse también en el lenguaje, que no es baladí, pues contribuye a la difusión de una nueva mentalidad o a la perpetuación de la la vieja: en este sentido, es preciso evitar cualquier denominación que sustantive la discapacidad, y poner siempre en primer lugar la condición de persona. De ahí la idoneidad de la expresión “personas con discapacidad”. Y que hay que evitar también la equiparación entre discapacidad y padecimiento o sufrimiento: la discapacidad es una condición de la persona, que por sí misma no necesariamente genera sufrimiento alguno —en muchos casos, estimula por el contrario el afán de superación—, y que en la inmensa mayoría de los casos es plenamente compatible con la alegría y con una vida digna y feliz.
Por lo demás, para que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos y responsabilidades dentro de la Iglesia es una exigencia ineludible la accesibilidad, que es la condición que han de tener los edificios, espacios y productos y servicios para que puedan ser usados por todas las personas en condiciones de igualdad y de la forma más autónoma posible. Como pone de relieve el documento, es esta todavía una asignatura pendiente, comenzando por la muy frecuente existencia de barreras físicas para las personas con movilidad reducida en el acceso a los templos.
Pero por accesibilidad no se entiende sólo la accesibilidad física; no hay accesibilidad a la formación para las personas ciegas, por ejemplo, si no existen textos escritos en Braille; no se garantiza la accesibilidad a las personas sordas si no hay intérpretes de lengua de signos en las celebraciones litúrgicas y si no hay confesores capaces de confesar en lengua de signos; o no hay accesibilidad para las personas con discapacidad intelectual si no se emplean textos en lectura fácil o si las homilías no utilizan un lenguaje claro, sencillo y accesible para todos (lo que, por lo demás, beneficiaría no sólo a las personas con discapacidad intelectual).
El documento reclama, por lo demás, una plena participación de las personas con discapacidad en la vida y el gobierno de la Iglesia. En especial, han de participar en aquellos organismos que se ocupen específicamente de la discapacidad. “Nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad”: este lema, que ha guiado a la mayor parte de los movimientos de personas con discapacidad desde hace más de cincuenta años, se refleja también en el texto, y es enteramente razonable, pues son las personas con discapacidad las que mejor conocen sus propias necesidades y demandas.
Nos encontramos, pues, ante un nuevo reto para la Iglesia: la plena inclusión de las personas con discapacidad en su acción pastoral. Y el objetivo no es, por supuesto, que exista una pastoral especializada para las personas con discapacidad, ni mucho menos pastorales especializadas en los distintos tipos de discapacidad, sino que se preste atención a las personas con discapacidad en la pastoral ordinaria de la Iglesia.
Ahora bien, para lograr ese objetivo creo que sería muy necesaria la creación, en los diferentes niveles de gobierno, de secciones u organismos específicamente dedicados a la discapacidad (delegaciones episcopales en las diócesis, al menos en las más importantes, comisiones en las conferencias episcopales, etc.), pues es mucho el trabajo por hacer: es preciso potenciar la accesibilidad en los diversos ámbitos, hay que transmitir el nuevo paradigma del que hemos hablado en estas líneas a todos los sacerdotes y también a los laicos, etc.
Pero se trata de un reto apasionante, que, además de formar parte integrante de la nueva evangelización, constituirá un mensaje patente y vivo contra la “cultura del descarte” tantas veces denunciada por el Papa Francisco.
En último término, incluir a las personas con discapacidad no significa otra cosa que asumir las plenas consecuencias de la universalidad de la redención obrada por Cristo.
En este sentido, el documento cita acertadamente la frase de Gaudium et Spes, n. 22: “El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre”. Jesucristo se ha unido también con la discapacidad, que es una característica de la condición humana.
