El empresario estadounidense y propietario de la red social X, Elon Musk, ha señalado al primer ministro británico, Keir Starmer, y a su gobierno laborista, por no tomar medidas contundentes contra las bandas de captación y abusos sexuales a menores, conocidas como “grooming gangs”.
Musk acusó directamente a Starmer de haber sido “cómplice” de encubrimientos durante su etapa al frente del Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) entre 2008 y 2013, periodo en el que se desestimaron numerosos casos de abuso.
Una crisis prolongada
Desde finales de los años 90 hasta 2014, el Reino Unido fue testigo de una ola de casos de explotación sexual infantil perpetrados por estas bandas en localidades como Rotherham, Rochdale y Oxford. Los crímenes, que posteriormente llevaron a decenas de detenciones, afectaron principalmente a menores en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas bajo tutela estatal.
En un reciente cruce de declaraciones, Musk también criticó a Jess Phillips, ministra laborista para la Salvaguarda de Menores y contra la Violencia a Mujeres y Niñas. Phillips rechazó en octubre de 2023 una petición del Consejo de Oldham para iniciar una investigación estatal sobre abusos ocurridos en la localidad entre 2011 y 2014.
En lugar de ello, instó a las autoridades locales a replicar el modelo de ciudades como Telford, que gestionaron sus propias investigaciones de forma independiente.
Informes reveladores y críticas al sistema
Los casos de abuso sexual infantil en el Reino Unido han sido documentados en varios informes independientes. En 2014, Alexis Jay publicó un análisis sobre la situación en Rotherham, revelando que más de 1.400 menores fueron víctimas de abuso entre 1997 y 2013.
La mayoría de los agresores pertenecían a grupos organizados de origen paquistaní, y las autoridades enfrentaron críticas por no actuar de manera oportuna, a menudo paralizadas por el temor a ser acusadas de racismo.
En 2022, un informe de la Investigación Independiente sobre el Abuso Sexual Infantil (ICSA) dirigido por Jay amplió el foco, examinando casos similares en otras localidades, como Cornwall, Derbyshire y Bristol. Este estudio subrayó los fallos sistémicos en la respuesta de la policía y otras autoridades, que a menudo minimizaron el problema o no actuaron con la suficiente celeridad.
Un problema que trasciende a la Iglesia y al siglo XX
El encubrimiento de estos crímenes no es un fenómeno aislado ni exclusivo de instituciones religiosas. Sin embargo, la Iglesia católica, tras años de denuncias y escándalos, ha reconocido públicamente el problema, ha pedido perdón y trata de reparar a las víctimas en la medida de lo posible.
En España, por ejemplo, los sistemas de protección de menores implementados por la Iglesia parece que son bastante efectivos, puesto que según la Fiscalía General del Estado, solo el 0,45% de las denuncias actuales de abuso infantil involucran a instituciones eclesiásticas.
Es hora de que los estados sigan también este ejemplo, reconozcan sus fallos y adopten medidas concretas para proteger a los menores. El caso de las “grooming gangs” muestra que la protección de la infancia no debe ser rehén de intereses políticos o temores al juicio público.
Los gobiernos deben garantizar justicia para las víctimas y establecer mecanismos que eviten que tragedias como estas se repitan.
