Ya lo dijo la exministra de Educación de España, Isabel Celáa: «Los hijos son del Estado».
Leyes como la Lomloe (un despropósito no sólo moral, sino también académico) así como las nuevas leyes del aborto en Europa – Macron llegó a decir que era un derecho – o las leyes a favor del cambio de sexo, están menoscabando la autoridad de los padres respecto a sus hijos. No sólo llevan a la eliminación de facto de la patria potestad, sino que tienen como objetivo manipular a los menores en todos los aspectos de la vida social y afectiva, interpretando ambiguamente el derecho al mejor interés del menor.
Desde diferentes instituciones, se desprecia e incluso elimina el papel primordial de los padres en la educación integral de sus hijos.
No obstante, no es un proceso nuevo o exclusivo que se esté llevando a cabo en España. En toda Europa, especialmente en los países germánicos y del norte, estas leyes se consideran pioneras y conformes a un concepto de tolerancia que destruye la identidad europea cristiana y humanista en favor de una ideología.
El objetivo es, por un lado, la liquidación de la familia como centro neurálgico de la sociedad y por otro, una mayor manipulación de los menores. Una tendencia que se está ‘contagiando’ también al otro lado del Atlántico.
La introducción de la ESI
Empecemos por lo que podríamos llamar el ‘principio’, pero que lleva varios años de implantación transversal en todos los ámbitos de la sociedad. Ya en 2006 se introdujo en España, a través de la Ley de Educación y también a través de las reformas aprobadas en las comunidades autónomas, talleres, charlas y contenidos específicos que establecían la necesidad de una Educación Sexual Integral (ESI) en todos los ámbitos educativos. Eso ha derivado en la imposición, primordialmente en la escuela pública, de una serie de contenidos afectivo-sexuales que dirigen al menor a una banalización de la sexualidad y a la destrucción de su afectividad desde las primeras etapas.
La obligación de que se impartan estos contenidos sin la aprobación de los padres atenta directamente contra la patria potestad y su responsabilidad en la educación de los hijos. Eliminando dicha competencia, se establece que el Estado puede injerir en la responsabilidad parental.
Escudándose en un supuesto derecho a la información del menor, la ESI se lleva implantando en Europa desde al menos el año 2005. Ya en 2016, el Consejo de Europa estableció el término ‘Menor Intersex’ y la necesidad de establecer en la educación de menores – incluidos los sectores de 3 a 6 años – la educación sexual a través de talleres de ‘exploración de la sexualidad’, charlas sobre tolerancia, no discriminación y la ideología de género. No sorprende entonces la introducción de las leyes trans en muchos países europeos en el último decenio.
«Nuevos derechos»
Dos derechos del menor se repiten normalmente cuando se integran en el currículo escolar este tipo de ideologías. El primero, el derecho a la no discriminación de los menores homosexuales o intersexuales (transexuales).
El problema de este derecho es que la no discriminación por razón de ‘orientación sexual’ es difícil de interpretar en menores de 3 años, por ejemplo. Es curioso que, antes de la introducción de estos programas, los niños que se declaraban homosexuales o transexuales eran una ínfima parte.
A partir de la introducción de la ideología de género y las charlas de educación sexual, el porcentaje se ha quintuplicado.
Una tendencia que ha seguido multiplicándose con las redes sociales, especialmente a través de Tik Tok e Instagram. Muchos psicólogos advierten ya que la tendencia homosexual o transexual está aumentando por ‘contagio’.
El segundo derecho que se suele mencionar – especialmente en ámbito europeo – es el derecho a la información del menor, para que el menor esté ‘informado’ y sea ‘consciente’ de su sexualidad y, según las órdenes y recomendaciones europeas, para evitar abusos sexuales. Una tendencia que se acerca peligrosamente a una cierta sexualización de la infancia.
El derecho a la información del menor se considera que está por encima del derecho de los padres a educar a sus hijos y por tanto, el Estado se establece garante de que el menor esté informado de todo lo que se refiere a la educación sexual. Al menos así lo plantean las directivas europeas.
A pesar de que la Convención de Derechos del Niño establece que es deber de los padres y prerrogativa de la patria potestad educar a los hijos en los principios morales que consideren, los Estados europeos pretenden sustituir a los padres arguyendo una supuesta defensa del menor contra discriminaciones o incluso abusos.
En definitiva, se elimina la potestad de los padres a defender a sus hijos de las injerencias del Estado o de unas ideologías.
El objetivo de introducir la ESI en edades tempranas es doble. Por un lado, destruir el sentido del pudor innato en los menores y banalizar su sexualidad, y por otro, enfrentar a los adolescentes a sus padres, quienes ven menoscabada su autoridad ante la autoridad del tejido social que les rodea.
Se supone que los programas de educación sexual tienen como objetivo prevenir el abuso sexual infantil, pero el propósito final es la sexualización de los niños. No es de extrañar que los resultados a estos programas sean precisamente los opuestos. Gabriele Kuby, en su libro ‘la Revolución Sexual Global’ lo explica de forma magistral: ‘la prevención del abuso se convierte en un instrumento del Estado para sexualizar a los niños’.
El derecho de los padres respecto a sus hijos radica en la incapacidad del menor. No obstante, el interés del menor se puede superponer a la patria potestad, ya sea este interés declarado por el menor o por el juez.
El interés del menor, sin embargo, se está convirtiendo en una excusa para priorizar unas ideologías sobre la decisión de los padres. Famoso es el caso de la familia alemana que tuvo que pasar unos días en el calabozo por negligencia en la educación de una de sus hijas, tras negarse a que acudiera a una charla de educación sexual en el colegio.
Las leyes a favor del aborto
La injerencia del Estado en la potestad de los padres no termina en la educación. Las leyes del aborto están eliminando, por un lado, el periodo de reflexión de tres días antes de someterse a un aborto y por otro, promueve que las menores a partir de 16 años puedan abortar sin el consentimiento ni conocimiento de los padres.
Si por un lado no se permite a las menores reflexionar ni pensar en los efectos secundarios tan violentos que puede provocar un aborto, por otro tampoco se permite a los padres influir o ni siquiera ser conscientes de un proceso que tendrá efectos devastadores en la psicología de sus hijas. Por no hablar de las consecuencias físicas que el aborto puede igualmente acarrear, tanto a corto como a largo plazo.
Eliminando además los tres días de reflexión, se vulnera por un lado el derecho del paciente al consentimiento informado – que incluye saber exactamente las consecuencias psicológicas y físicas del aborto y las consecuencias del procedimiento – así como el consentimiento de los tutores legales del menor. Cualquier intervención quirúrgica a un menor, incluso ambulatoria, necesita de dicho consentimiento informado y de los tutores.
Las leyes ‘Trans’.
El ataque contra la patria potestad ha llegado a su colofón con las leyes a favor de la hormonación de los menores considerados trans. El aislamiento al que obligamos a los menores durante la pandemia, el uso exponencial de las redes sociales, el desarrollo de la ideología de género y la banalización de la sexualidad han provocado un aumento de menores que dicen ser ‘trans’.
Como decía el Dr. Celso Arango, jefe de Psiquiatría Infantil del Gregorio Marañón, a El Mundo, el número de menores que pretenden un cambio de sexo ha aumentado exponencialmente. ‘Se ha convertido en una moda’, explicó Arango.
Una moda peligrosa si no se permite evaluar adecuadamente al paciente. En varios países ha ocurrido que los padres, a veces por ignorancia del proceso y otras porque se les ha impedido intervenir, no han podido evitar la hormonación de sus hijos, al ser una decisión del menor y el psicólogo o psiquiatra que lo trate, especialmente en menores adolescentes que se considera capaces de decidir por sí mismos. Incluso los psiquiatras están atados muchas veces de pies y manos con estas leyes, ya que en muchos países no se les permite evaluar adecuadamente la situación del menor, si no es para apoyar la hormonación.
Se puede llegar a argumentar que no se está apoyando la salud mental del menor o su interés superior. Las consecuencias son devastadoras para psique de los menores y jóvenes que acuden a estos tratamientos sin un verdadero consentimiento informado de las consecuencias físicas y psicológicas. Muchos niños considerados ‘trans’ han descubierto pasados los años otras patologías y se han dado cuenta de que se trataba de un tratamiento irreversible. Las consecuencias para el interés del menor y para su derecho a la salud son devastadoras.
Padres, actores de la educación
La situación obliga a los padres y educadores católicos conscientes de la batalla que se avecina e implica también formarles para que puedan librarla de forma efectiva e integral. Algunas universidades e institutos ya están creando estas formaciones para padres y educadores en afectividad.
Los grupos ideológicos y políticos, los lobbies y asociaciones que aprueban y apoyan las leyes mencionadas tienen como objetivo eliminar o minimizar el derecho de los padres a educar a sus hijos y se ha de ser consciente de ello. Es por ello que es necesario revalidar el papel de los padres y su capacidad para educar y cuidar de sus hijos, es decir devolverles su autoridad y su responsabilidad para con sus hijos.
Los progenitores, en la actualidad, no pueden delegar en los colegios su papel educativo, especialmente en el entorno afectivo. Asimismo, los padres deben enseñar a sus hijos una afectividad ordenada e integral basada en el compromiso y la responsabilidad y no en el deseo y el placer. Renunciar a la educación afectiva de nuestros hijos significaría destruir y renunciar a lo más preciado que el ser humano posee: su libertad.
